Violencia, censura e impunidad: periodismo en México

Un reportaje de Ana Lázaro (@anaLP7)

Ser periodista en México implica asumir riesgos: las intimidaciones, la corrupción o la violencia están al orden del día. Este clima de miedo e inseguridad, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de prensa.

Según el informe “Más violencia, más silencio”, difundido por la organización en defensa de los derechos humanos, “Artículo 19”, las cifras hacen de México uno de los países más peligrosos para la libertad de expresión: solo durante el primer semestre de 2015, registraron 227 agresiones en todo el país.

Por su parte, un comunicado publicado por el organismo en defensa de la libertad de información, “Reporteros Sin Fronteras”, indica que el país americano ocupa el lugar 148 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

Cuatro reporteros exponen por qué, pese a la violencia, han decidido continuar con su labor periodística en México o fuera de sus fronteras. Sus testimonios son prueba de que ante la censura, el silencio no es una opción.

VERACRUZ: EL ESTADO MÁS PELIGROSO.

“La muerte escogió a Veracruz como su casa y decidió vivir ahí”, aseguraba Rubén Espinosa, fotógrafo mexicano asesinado en agosto de 2015, tras abandonar el oriental estado de Veracruz  ante las incesantes amenazas y hostigamiento.

Ubicación entidad federativa de Veracruz (México).
Ubicación entidad federativa de Veracruz (México).

Dicha entidad es la más mortífera para el desempeño del ejercicio periodístico “El homicidio de Espinosa volvió a poner en el centro la situación de esta región y la negligencia de las autoridades locales para brindar protección a los periodistas. Este área sigue siendo el lugar más peligroso para la libertad de expresión en toda América Latina”, asegura “Artículo 19”.

Espinosa cubría actualidad diaria para la Agencia AVC noticias, aunque se especializó en movimientos sociales cuando comenzó a trabajar como corresponsal de Proceso (revista mexicana semanal de análisis político y social)  y Cuartoscuro (empresa mexicana independiente, dedicada a la fotografía e información). Estaba totalmente involucrado en el movimiento que denunciaba los crímenes contra los periodistas.

La muerte del fotógrafo, de 31 años, con un tiro y signos de tortura, fue el trágico desenlace de una serie de amenazas que sufrió en Veracruz, estado en el que trabajaba desde hacía ocho años.

Foto cedida a EFE
Fotografía sin fecha del fotógrafo Rubén Espinosa/ EFE

Tanto Espinosa, como Nadia Vera Pérez (32 años), una de las cuatro mujeres que apareció fallecida junto al cadáver del reportero, muy activa en el movimiento estudiantil, habían denunciado al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de acoso a periodistas y activistas. Ante esto, el joven, decidió denunciar las amenazas y comenzó dar a conocer la censura impuesta por el gobierno a los medios de comunicación.

Hasta el momento no se han revelado detalles de interés, así como la identidad de los presuntos autores intelectuales que fueron detenidos en su día. “ No hay ninguna certeza de lo ocurrido. Lo que si está claro es el fuerte vínculo entre Vera y Espinosa. Ella era una importante promotora  cultural en Xalapa (capital del estado de Veracruz),  él cubría todos los actos que el movimiento hacía”, señala Félix Márquez, amigo y compañero de Espinosa en AVC Noticias.

“Por lógica,  los homicidas esperaron a que estuvieran los dos juntos para asesinarlos, no fue ninguna casualidad del destino,  estaba totalmente planeado”, añade.

En México impera la impunidad en lo que respecta a los crímenes contra los periodistas. Esto, según Reporteros Sin Fronteras, se debe en parte a que el crimen organizado y ciertas autoridades políticas y administrativas del país se encuentran coludidos.

“No creo que se haga justicia. Según las investigaciones creo que están respaldando al gobierno de Duarte desde el DF. Además, están llevando a cabo una estrategia  para evitar que alguien del ejecutivo de Veracruz vaya a la cárcel”, afirma resignado.

Ante casos como este, la frustración y la desesperanza inundan las redacciones de los medios de comunicación. “Lo único que nos queda es recuperar y mostrar el legado fotográfico que Espinosa nos dejó y mostrar quien era a través de su obra”, asegura Márquez.

Según indica el informe difundido por “Artículo 19”, el 48% de las agresiones contra periodistas son cometidas por algún funcionario público, en su mayoría policías. Quienes deberían brindar protección a la sociedad, se convierten en los principales perpetradores  de los ataques, eso crea el clima de miedo que se respira en cualquier redacción del país.

CUANDO EL EXILIO ES UNA OPCIÓN.

La violencia extrema que castiga a los reporteros mexicanos, ha obligado a numerosos informadores a exiliarse con la finalidad de huir de las amenazas a las que se enfrentan ellos, y con frecuencia, sus familias.

Este es el caso de Anabel Hernández, quién tras la publicación, en 2010, del libro “Los señores del narco” fue víctima de agresiones y amenazas de muerte, motivo por el que tuvo que abandonar el país en agosto de 2014.

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Portada del libro “Los señores del narco”.

Fuentes cercanas a la reportera señalaron al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, como presunto autor intelectual de esos ataques.

“Mi obra no supuso una amenaza para los narcotraficantes, pero si para el Gobierno, pues denuncié y demostré con pruebas fiables que dicho funcionario estaba presuntamente implicado en el narco del cártel de Sinaloa (organización criminal dedicada al narcotráfico), por esta razón reaccionó contra mí de forma violenta”, explica Hernández.

Tanto ella como sus familiares fueron atacados en cuantiosas ocasiones, ante esto, procedió a interponer numerosas denuncias ante la Procuraduría General de la República (el órgano del Poder Ejecutivo Federal en México), que sin embargo, según denuncia, “nunca tomaron medidas ni investigaron las incesantes agresiones a las que estaba expuesta”.

Por su parte, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se limitó a asignarle un equipo de escoltas con los que convivió hasta septiembre de 2014, momento en el que optó por abandonar México.

“Aún con seguridad, las amenazas continuaban siendo constantes. Ya no era yo la que estaba en peligro, también mi familia y mis vecinos comenzaron a sufrir intimidaciones”, asegura la periodista.

Actualmente reside en California (EE.UU), aunque continúa acudiendo a su país para seguir con sus investigaciones. “Me siento más segura, pero continúo investigando sucesos en México, como por ejemplo la fuga del chapo Guzmán o el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”.

Hernández denuncia “la ineficacia sistemática del Estado mexicano para proteger a sus informadores”, dejándolos en un estado de “vulnerabilidad” y “riesgo” ya que, según reitera, “al gobierno no le supone un coste real la pérdida de vidas humanas, por eso no les importa que esta situación continúe”.

“Artículo 19”  señala que el estado mexicano cuenta con todas las herramientas legales para garantizar la libertad de expresión, pero no con la voluntad de lograr un cambio significativo que permita a México dejar de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

“Los propios medios de comunicación no quieren tener en sus redacciones periodistas preparados porque un informador competente no va a permitir que lo censuren, sino que va  reivindicar mejores condiciones de trabajo y eso no les interesa”, remarca.

“Tenemos que aprender a revelarnos y a que nuestra voz se oiga más allá de las redacciones y de nuestras fronteras. Nadie nos puede censurar, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras historias salgan a la luz, porque callar es lo mismo que morir en vida”, manifiesta la reportera.

Al igual que Anabel Hernández, el fotógrafo Félix Márquez, decidió abandonar México e irse a Chile tras el asesinato de su amigo Rubén Espinosa, “la noticia de la muerte de mi compañero me afectó bastante, tenía miedo, por eso decidí venir aquí”, señala.

La violencia contra la prensa no es un problema de regiones. La impunidad con la que se suelen cometer este tipo de actos ha generado un efecto de repetición en todo el país, según muchos casos documentados, esta es una de las razones principales por las que muchos profesionales han cruzado las fronteras en busca de un lugar más seguro.

El fotorreportero destapó ” las mentiras” del gobernador de Veracruz,  Javier Duarte, al documentar gráficamente la existencia de grupos de autodefensa (agrupación de civiles armados) en el municipio de Tlalixcoyan (ubicado en la zona sur de Veracruz).

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La foto de Félix Márquez donde aparece un grupos de autodefensa en Veracruz/ Foto: Félix Márquez

Su trabajo fue descalificado por el titular de Seguridad Pública , Arturo Bermúdez y por el propio Duarte, que incluso llegó a amenazar al fotógrafo con la idea de detenerle y meterle en prisión. En un principio, y ante esta situación, Márquez se refugió en México DF donde permaneció una breve temporada hasta que decidió salir salir país a finales de agosto de 2015.

“Cada vez se iban haciendo mas cercanos los muertos, a Rubén Espinosa y a varios compañeros los mataron en nuestros pies. Era un mensaje muy claro, no quise arriesgarme más, mentalmente no estaba bien “, afirma.

OTROS CASOS.

En septiembre de 2013, durante las manifestaciones convocadas en México DF contra de la reforma educativa y el Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el reportero de la agencia Subversiones, Gustavo Ruiz Lizárraga, fue detenido en México DF por filmar los arrestos de estudiantes por parte de las fuerzas de seguridad.

Mientras varias personas eran detenidas, el periodista filmaba los hechos  e intentaba prestar ayuda a los jóvenes. “Nos acercamos, les preguntamos los nombres y si necesitaban ayuda médica, entonces la policía empezó a replegarnos cada vez más”, afirma el periodista a Artículo 19.

Fue obligado a montar en un furgón policial, le requisaron sus enseres, que fueron devueltos con objetos peligrosos que no le pertenecían poco tiempo después. “En ese momento me di cuenta de cómo los propios policías inventan los casos de detenciones arbitrarias, pues uno de los delitos de los que me acusan en un inicio es el de portación y fabricación de objetos aptos para agredir”, remarca.

Aunque se identificó en todo momento como miembro de la prensa, fue sometido a una violencia extrema y despojado de su equipo. Según comentó a la mencionada organización, tras la detención, estuvo incomunicado durante más de cinco horas. Además, fue trasladado a Ministerio Público en la delegación Milpa Alta al Reclusorio Sur (prisión ubicada al sur de la capital mexicana).

Gustavo Ruiz Lizarraga
Gustavo Ruiz Lizárraga detenido. Foto/Revolución tres punto cero

“Cuando llegamos al centro penitenciario solicitamos las cámaras de seguridad del lugar en el que se habían producido los hechos. Este evento fue a las 4:25 pm, y las cámaras dejaron de funcionar a las 3:00 pm de ese mismo día”, denunció Ruiz.

Después de dos días en la cárcel, donde sufrió torturas, fue puesto en libertad ante la presión ejercida por #RompeElMiedo, plataforma de articulación de medios independientes y defensores de los derechos humanos que tiene por objetivo la protección y seguridad en coberturas de manifestaciones y protestas en México.

Otro caso significativo fue el del corresponsal de El Diario de Yucatán, Edwin Canché, fue detenido arbitrariamente y torturado por cubrir un accidente ocurrido el primero de enero de 2014.

Según comenta, el conductor del auto era Almícar Coucoh, un menor que conducía bajo los efectos del alcohol y que es sobrino de Almícar Couoh, alcalde de Seyé (ubicado en el sureste de México, a 32 km de Mérida, capital del estado de Yucatán).

“Llegó una patrulla policial, me dijeron que me tenía que retirar del lugar, les pregunté qué estaba haciendo mal, entonces uno de los agentes me dió un puñetazo en el brazo, poco después me detuvieron y me subieron a un furgón, explica Canché.

Según asegura, los agentes le llevaron hasta el Palacio Municipal, donde el alcalde de la localidad, el director de la policía municipal, Jesús Chuc Aldana, y otros guardias, le propinaron una fuerte paliza.

“Al cabo del rato apareció la señora de la casa en el que el joven había estampado el auto, tocó la puerta del habitáculo en el que me tenían encerrado, pidió que me liberasen y conseguí salir. Minutos después mi hermano, también periodista, fue a cuestionarles el por qué de la agresión y ellos lo negaron todo”.

Edwin Canché denunció los hechos ante la FEADLE (Área de la Procuraduría de Justicia de Yucatán que investiga los delitos contra la libertad de expresión) y abrió un expediente de averiguación que determinaba que, tanto el alcalde como sus acompañantes, eran responsables de los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

Finalmente se cumplieron las órdenes judiciales en contra de los policías municipales agresores, quienes ese mismo día rindieron declaración preparatoria y fueron puestos en libertad, pero no del alcalde. El Juez de la causa determinó que los delitos imputados de abuso de autoridad y lesiones no podían ser considerados como graves.

“Artículo 19” revela que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el país azteca. Es decir, en la actual administración de Enrique Peña Nieto las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparado con la de Felipe Calderón, en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas.

Estas cinco historias demuestran la valentía de los informadores mexicanos que luchan contra la censura y la corrupción, jugándose la vida por informar y hacer un mundo más libre y justo. Porque sin duda, ejercer el periodismo en México es una profesión de alto riesgo.

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