Ayotzinapa, ¿caso cerrado para el Gobierno mexicano?

Isabel Reviejo (@isabelrgar) / A cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el gobierno mexicano vuelca sus esfuerzos en afirmar que está demostrado que estos fueron asesinados, un hecho que considera que ha quedado “acreditado” de manera “contundente”.

El fiscal mexicano, Jesús Murillo Karam / EFE
El fiscal mexicano, Jesús Murillo Karam / EFE

La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía mexicana), representada por Jesús Murillo Karam, expuso sus conclusiones del caso, reafirmando la tesis que expuso en noviembre y considerando que hay pruebas concluyentes “suficientes para determinar que los mataron e incineraron”.

Los citados normalistas –estudiantes de magisterio– desaparecieron la noche del pasado 26 de septiembre, en la localidad de Iguala (del sureño estado de Guerrero), en mitad de unos hechos violentos que además acabaron con la vida de seis personas. Presuntamente, y según indica la versión oficial, la represión ejercida hacia los estudiantes fue responsabilidad del entonces alcalde de la localidad, José Luis Abarca.

Los 43, tras ser detenidos por la policía, fueron entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Tres miembros de este grupo confesaron que a continuación llevaron a los normalistas a un basurero del municipio vecino de Cocula. Creyendo que estos pertenecían a Los Rojos, su agrupación rival, los mataron y calcinaron en el vertedero.

Los padres de los estudiantes, quienes aseguran que continuarán su búsqueda “hasta las últimas consecuencias”, se resisten a creer la historia, tachan al Gobierno de decir “mentiras” y exigen que se abran nuevas líneas de investigación. En este sentido, piden que se examinen los cuarteles militares, ya que aseguran contar con testimonios que les indican que el Ejército jugó un papel activo esa noche.

Ante el que es a su entender un “insuficiente” esfuerzo de las autoridades, los familiares trabajan con equipos de “búsqueda ciudadana”, y organizan numerosas protestas y movilizaciones, tanto en la capital mexicana como en su estado natal, mientras piden que el próximo junio no se celebren las elecciones planeadas en Guerrero. Según ellos, los comicios, en estas circunstancias, no garantizarían que se rompiera con el mecanismo de corrupción que intoxica a la región.

El único estudiante que ha sido localizado hasta la fecha ha sido Alexander Mora, ya que su ADN coincide con el de uno de los restos encontrados en una bolsa de basura, supuestamente arrojada al río por los miembros de Guerreros Unidos tras la incineración. El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck (Austria), encargado de las identificaciones, asegura que no puede extraer más resultados con la misma metodología, debido a que las altas temperaturas a la que se sometieron los cuerpos dificultan el análisis. Por ello, tienen que empezar a realizar otras pruebas cuyos resultados podrían tardar unos tres meses.

Pintada en la Ciudad de México por los 43 normalistas / Isabel Reviejo
Pintada en la Ciudad de México por los 43 normalistas / Isabel Reviejo

Desde organizaciones de la sociedad civil se ha acusado al Gobierno de querer dar “carpetazo al asunto”. La asociación Human Rights Watch (HRW) denotó la “premura” del Ejecutivo por “concluir mediáticamente” el caso, un argumento que también esbozan continuamente los familiares, para los cuales su lema sigue siendo “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. HRW también especificó que, a pesar de que la fiscalía dé por segura la versión oficial, esta “genera mucho escepticismo y dudas fundadas no solo en México, sino fuera”.

En diciembre, un grupo de científicos mexicanos, encabezados por Jorge Antonio Montemayor, investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que este relato “no tiene ningún sustento en hechos y/o fenómenos físicos, químicos o naturales”.

El espacio en el que se produjo la supuesta cremación no contaría con las dimensiones suficientes como para incinerar 43 cadáveres; habría dejado residuos en forma de charcos de llantas derretidas y casi mil rollos de alambre de acero; la obtención de esa gran cantidad de leña hubiera requerido una cierta premeditación y la columna de humo que habría provocado la hoguera –que duró más de 12 horas, según la fiscalía– hubiese sido visible desde varios kilómetros, enumeraron los científicos entre otros factores.

Estudiantes sostienen pancartas como gesto de solidaridad / Isabel Reviejo
Estudiantes sostienen pancartas como gesto de solidaridad / Isabel Reviejo

Los ciudadanos mexicanos, por su parte, también han mostrado durante estos meses numerosas muestras de apoyo, tanto en la calle, participando en las multitudinarias protestas, como en las redes sociales. Iguala, Ayotzinapa, #TodossomosAyotzinapa o #AcciónGlobalporAyotzinapa han sido algunos de los Trending Topics que han alcanzado una mayor popularidad en Twitter. Asimismo, esta red social ha permitido que las fotografías de las manifestaciones celebradas en todas las partes del mundo cruzaran fronteras.

También en Facebook se popularizó la iniciativa de poner en el nombre de usuario la palabra “Compa” antes del nombre real, en solidaridad con los detenidos en la gran manifestación que se desarrolló el 20 de noviembre en el Distrito Federal.

Pero sin duda, la frase que incendió en mayor medida las redes y la indignación ciudadana fue el “Ya me cansé” que Murillo Karam pronunció al final de una rueda de prensa en relación con los estudiantes. Desde entonces, ese “ya me cansé” es uno de los “hashtags” más utilizados, así como una expresión recurrente para mostrar la disconformidad con la ineficacia de las autoridades y su falta de resultados.

Y no solo en el caso Ayotzinapa, sino también en los miles de desaparecidos mexicanos con los que cuenta el país, y que encuentran en los 43 una bandera para exigir que, de una vez, se haga justicia.

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2 comentarios en “Ayotzinapa, ¿caso cerrado para el Gobierno mexicano?

  1. Es increíble cómo los políticos se comportan de la misma manera ante una crisis social, sea cual sea el país: intentando dar carpetazo en lugar de atender, investigar y hacer las cosas bien. Las presiones (económicas, a lo que al final se reduce todo) siguen interfiriendo en la política y los perjudicados son siempre los mismos. Este caso debería sorprendernos más; tristemente, no lo hace.

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